Resumen: La cuestión de fondo de este desahucio por expiración del plazo de duración es la legitimación activa de la actual propietaria de la vivienda. La denominada legitimación ad caussam, que no es una cuestión procesal, sino por el contrario se trata de una cuestión referida al fondo, que debe ser resuelta en la sentencia. Esa legitimación corresponde al arrendador actual, que es normalmente el dueño, usufructuario, o cualquier otra persona con derecho a poseer la finca dada en arrendamiento. Desde el momento de la enajenación de la vivienda arrendada, el adquirente queda subrogado en los derechos y obligaciones del arrendador. Plazo: es consustancial al contrato de arrendamiento la existencia de un plazo de duración. Que si no estuviera pactado sí está regulado subsidiariamente por la legislación. En el caso concreto no hay prórroga, pero tampoco tácita reconducción, porque hubo requerimiento previo de la arrendadora. En los supuestos de vulnerabilidad del arrendatario no es admisible a trámite el recurso de apelación sobre la suspensión o no del desahucio o del lanzamiento. Sí es correcta la acumulación de la acción de reclamación de rentas.
Resumen: Trabajadora que cesa voluntariamente en un empleo el 15/12/20 por inicio de prestación de servicios en otra empresa, impugna la resolución administrativa denegatoria de la prestación desempleo solicitada tras la extinción de la segunda relación laboral por no superación del periodo de prueba el 2/02/21. La instancia desestima la demanda. La sentencia comentada rechaza una revisión fáctica, y revoca la decisión del Juzgado basándose en que, estando vigente el Art. 22 RD Ley 15/20 y la emergencia sanitaria, la extinción del contrato de trabajo por no superación del periodo de prueba, con independencia de la causa de extinción de la anterior relación laboral, constituye situación legal de desempleo que permite el acceso a la prestación.
Resumen: El actor junto con su pareja residían en la vivienda propiedad de aquel y al separarse continuó la demandada ocupando la vivienda y se interpone demanda de desahucio por precario para la recuperación de la posesión, habiendo alegado la demandada la existencia de un pacto por el que se acordó que ella ocuparía la vivienda y a cambio se hacía cargo del pago de unas deudas que no le correspondían, si bien con las pruebas practicadas no consta acreditado. Se alega situación de vulnerabilidad económica sin alternativa habitacional y analizada por el Tribunal la normativa protectora, se señala que el Real Decreto Ley 11/2020 que se alega no permite revocar la sentencia para dictar otra por la que se desestime la demanda y sin que cualquier otra petición pueda realizarse en el recurso de apelación contra sentencia definitiva de Primera Instancia.
Resumen: Cuestión de competencia (exposición razonada). Competencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo para conocer del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra las desestimaciones, por silencio administrativo, de las solicitudes de responsabilidad patrimonial derivada de la adopción de medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19.
Resumen: Cuestión de competencia (exposición razonada). Competencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo para conocer del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra las desestimaciones, por silencio administrativo, de las solicitudes de responsabilidad patrimonial derivada de la adopción de medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19.
